En 1992 las naciones que participaban activamente en la pesquería convocaron una reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en La Jolla (California) y firmaron el Acuerdo de La Jolla. Los firmantes fueron los gobiernos de: Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, México y Panamá.
Los objetivos del Acuerdo de La Jolla fueron, reducir progresivamente la mortalidad de delfines en la pesquería del atún en el OPO a niveles cercanos a 0, mediante la aplicación de límites anuales de mortalidad incidental y eliminar la mortalidad incidental en esta pesquería a través de métodos ecológicamente sustentables de captura de especímenes grandes de atún de aleta amarilla, no asociados con delfines, manteniendo las poblaciones de esta especie en un nivel que permitiera capturas máximas sostenibles año tras año.
Para verificar su cumplimiento se constituyó un Panel Internacional de Revisión (PIR).
